TPP sobrevive sin EU y desafía proteccionismo

Los ministros de comercio de 11 países pactaron aspectos clave con el objetivo de firmar el Acuerdo Integral, Comprensivo y Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP, por su sigla en inglés) durante el primer bimestre del 2018 y ponerlo en vigor en el 2019, como parte de “un acuerdo en principio” celebrado en Da Nang, Vietnam.

“Los ministros se complacen en anunciar que han acordado los elementos centrales del acuerdo global y progresivo para la asociación transpacífico”, afirmaron en una declaración conjunta, que refiere además el cambio de nombre del pacto comercial anteriormente conocido como Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) al citado CPTPP.

Las 11 naciones programaron la ceremonia de la firma del CPTPP para febrero del 2018, luego de lo cual comenzarán los procesos de ratificación en los congresos de cada una de ellas. No obstante, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, previó que la firma podría darse inclusive en enero, tras reconocer que no se pudo cumplir con la expectativa de suscribirlo en el marco de la Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada el fin de semana en Da Nang, Vietnam.

En el marco de la cumbre, los ministros convinieron suspender 20 disposiciones del TPP original, 11 de las cuales están relacionadas con la propiedad intelectual.

Los cambios en el campo de la propiedad intelectual, uno de los capítulos más polémicos, incluyen disposiciones relativas al periodo de protección de datos sobre medicamentos biotecnológicos (derivados de fuentes naturales) y una extensión del periodo de derecho de autor. El consenso ministerial comprendió además no hacer cambios a la desgravación de aranceles pactada en el capítulo de bienes del TPP que se firmó en febrero del 2016.

“El acuerdo inicial abarca 8,000 páginas, y el hecho de que pudimos limitar la lista de suspensiones a 20 significa que pudimos mantener los altos estándares establecidos en el acuerdo inicial del TPP”, dijo Toshimitsu Motegi, ministro de Economía de Japón, en una prensa conferencia el sábado.

Los países miembros del TPP son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

El 30 de enero del 2017, Estados Unidos notificó a los demás signatarios que no tenían la intención de ratificar el TPP, lo que generó una pausa e incertidumbre sobre el rumbo de este Tratado de Libre Comercio (TLC), que se reimpulsó posteriormente con el liderazgo de Japón.

El TPP original fue ratificado por Japón y Nueva Zelanda. Ahora, con los nuevos cambios, el gobierno japonés espera presentar los proyectos de ley a la Dieta en la sesión ordinaria del 2018. El CPTPP entrará en vigencia 60 días después de que al menos seis (la mayoría) de los países completen el proceso de ratificación.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que buscaría explorar acuerdos comerciales bilaterales con diversos países del TPP. Entre ellos, Japón representa el mercado más grande y con el cual Estados Unidos no tiene un TLC.

La Casa Blanca sugirió que el nuevo diálogo económico entre Estados Unidos y Japón podría utilizarse para lanzar negociaciones formales bilaterales de un TLC en algún momento, pero el gobierno nipón se ha mostrado en cierto grado evasivo.

Según la declaración ministerial, el TPP-11 mantuvo “los altos estándares, el equilibrio general y la integridad” del TPP original, manteniendo el “derecho inherente de regular, incluida la flexibilidad de las partes para establecer prioridades legislativas y reglamentarias”.

El TPP prevé mayor profundidad en las disciplinas comerciales tradicionalmente incluidas en este tipo de instrumentos, como acceso a mercado de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, compras de gobierno, comercio de servicios, solución de controversias, entre otros.

Además, contiene disposiciones de nueva generación, en temas tales como: empresas del Estado, ambiental, laboral, comercio electrónico, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas (Pymes), competitividad, coherencia regulatoria y desarrollo, que no habían sido consideradas en acuerdos anteriores.

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